Por el discurso político y el uso a conveniencia se confunde los términos MUNICIPIO y AYUNTAMIENTO. Dos realidades jurídico-políticas de importancia en la organización del Estado Mexicano. Para su debida aclaración, sin pretender hacer una lección teórica, es necesaria la justa delimitación de ambos conceptos. Tal vez y con ello se ayude a la comprensión de las “cosas” que nos atañen en nuestra comunidad.
El Estado mexicano se organiza a partir de tres niveles de gobierno: federación, entidad estatal y municipios. Generalmente se da mayor importancia en el orden de la noticia y del análisis el sentido de primer lugar a la federación; en segundo término, la entidad estatal; y por último, en un lejano tercer lugar, al municipio. Sin embargo, para los efectos de la satisfacción de necesidades sociales una de las realidades que a veces no entendemos es que la pirámide en importancia se invierte, convirtiendo el municipio en la entidad territorial y jurídica de más importancia para una comunidad.
Aquí es donde aterrizamos la gran diferencia que existe entre el MUNICIPIO y AYUNTAMIENTO. La primera hace alusión al conjunto de habitantes que deciden fundar o constituir una comunidad, que comparten un territorio y los esfuerzos para la satisfacción de las necesidades básicas. El Ayuntamiento, por su parte, es la constitución de una autoridad representativa y colegiada que permite la organización y conducción jurídica y normativa de las acciones que la comunidad debe ejecutar para satisfacer las necesidades colectivas propias.
Es decir, que el municipio la conforman todos los habitantes. Cuando se habla de Municipio de Mérida debemos referirnos a la gente, a la comunidad, a la sociedad que ha decidido asentarse en el territorio delimitado y nombrado como Mérida, valga la redundancia. Sin embargo, el Ayuntamiento está conformado por las autoridades que elegidas por la vía democrática de una elección tienen, por principio de pacto social, la autoridad, facultades y competencia de vigilar que la satisfacción de las necesidades básicas se cubran en beneficio del Municipio, es decir, de la comunidad y sociedad meridana.
Ese fue el espíritu del legislativo constitucional de 1917 al discutir la naturaleza del MUNICIPIO, a la cual por ejercicio de su autoridad (el AYUNTAMIENTO) debe poseer los servicios públicos básicos que se convierten en los satisfactores más elementales de una comunidad: iluminación pública, mercados, seguridad municipal, agua, panteones, parques, por mencionar algunos.
Lamentablemente en nuestro país la centralización fiscal he restado una importancia económica al MUNICIPIO. Toda la actividad productiva de la comunidad se tributa a favor de la Federación, dejando pocas alternativas para las entidades federativas por exclusión de competencias, y menos, para los municipios. De hecho poca capacidad tributaria poseen las haciendas municipales, limitándose al impuesto predial y algunas contribuciones por pago de derechos y productos. Posiblemente de ahí se disminuye la importancia de la vida municipal para la organización y satisfacción de las necesidades sociales.
Es necesario recuperar la esencia e importancia del MUNICIPIO y la influencia de la sociedad en la exigencia para que el AYUNTAMIENTO cumpla con los fines de organización, planeación, ejecución y evaluación de las necesidades y retos sociales.
Los AYUNTAMIENTOS son la autoridad del Municipio pero somos la gente, quienes al final y como basamento lo conforman, los que sufren y soportar la ineficiencia de la autoridad municipal cuando no tiene la capacidad de prevenir, solucionar o mejorar los servicios públicos.
Hoy Mérida necesita conservar la seguridad que nos caracteriza como una comunidad pacífica y trabajadora y recuperar la eficiencia de los servicios públicos que al actual Ayuntamiento no garantiza.
Recuperemos la sociedad la fortaleza del Municipio y exijamos a nuestro Ayuntamiento que no oculte, que deje de evadir responsabilidades, ya basta de estar acusando a otros de lo que es incapaz de resolver por sí mismo, tomar la decisión y responsabilidad que le compete en las acciones de servicios públicos y áreas de propia competencia.
