“Con sus infinitos disfraces”, como la denunciara Frank Herbert, la corrupción está entre nosotros y es obligación jurídica y ética de la actual generación de mexicanos combatirla, reducirla a su mínima expresión y, sobre su rescoldo, solidificar nuestra cultura de la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia, que robustezca la confianza entre nuestras instituciones y nuestros semejantes; entre todos.
Con esa convicción, en la XXI Asamblea Nacional, la asamblea de la transformación, los priistas decidimos “crear un nuevo sistema de rendición de cuentas y de responsabilidades administrativas, considerando que tanto funcionarios públicos como particulares puedan ser sujetos a investigaciones de carácter administrativo o penal, ante conductas desleales en beneficio propio y perjuicio de la sociedad”, como se lee párrafo 42 de nuestro Programa de Acción aprobado el 3 de marzo del año pasado.
Concretar ese propósito es indispensable en la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho basado en un orden constitucional eficaz y moderno, defensor de los Derechos Humanos y la igualdad de género, que garantice la seguridad de las personas y les brinde la certeza jurídica sobre su patrimonio, que abata la corrupción y erradique la impunidad en todos los ámbitos de nuestra vida pública.
Fue en tal sentido que, desde que la promoviera en su campaña y la inscribiera en la plataforma electoral de nuestro Partido, respaldamos la iniciativa presidencial del 14 de noviembre del 2012, para crear la Comisión Nacional Anticorrupción que en su momento ya aprobara la Cámara de Senadores, y que ahora tienen en su poder los diputados en carácter de minuta, como parte de un rediseño institucional más amplio que dé como resultado un sistema de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidades administrativas.
El nuevo sistema de responsabilidades que concebimos, cuyo esfuerzo podría ser complementado con la participación de la sociedad civil, con el respaldo técnico de los académicos especializados en la materia. Este nuevo entramado institucional podría encontrar su contraparte en un área especializada, al más alto nivel, en la estructura organizacional de la Fiscalía General de la República, recientemente creada, aprovechando que está en proceso su integración. Una instancia de tipo jurisdiccional especializada en la materia, complementaría el nuevo diseño institucional.
En ese orden de ideas, el anuncio de ayer de Ricardo Anaya, Presidente del PAN, en el sentido de crear el sistema nacional anticorrupción, resulta plausible, abunda en coincidencias con nuestro propósito descrito, y llega en el momento oportuno, para enriquecer la discusión sobre este importante tema en la Cámara de Diputados.
Dada su integralidad, con la participación ciudadana en el contexto de un nuevo sistema de responsabilidades, no sólo lograremos combatir los actos de los corruptos, sino poner en movimiento a los indiferentes.
