Hablar sobre el presupuesto siempre va a ser un tema difícil y complejo ya que es el dinero de todos los yucatecos y por ende siempre tiene que ser vigilado y usado para beneficio de la sociedad.
El estado y los municipios requieren necesariamente de recursos financieros que les permita lograr la realización de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos.
Estos recursos que vienen en el presupuesto municipal muchas veces ya vienen etiquetados para un fin específico; ya sea para obra pública, asistencia social o servicios municipales.
Pero nos encontramos con casos que el municipio arrastra millonarias deudas por laudos laborales que le impiden usar para el desarrollo municipal el presupuesto recibido y a fin de cuentas la ciudadanía se queda sin mejores servicios.
En el mejor de los casos los municipios logran gestionar inyección de recursos a través del adelanto de participaciones federales que les permiten enfrentar contingencias financieras, sin que se pueda solucionar el fondo del problema.
En el estado durante el 2012 hubieron seis municipios que sufrieron de embargos a sus cuentas y fueron: Motul, Celestún, Conkal, Akil, Peto, Tizimín, en el cual se aseguró una cantidad total de más de dos millones de pesos para pagar a los ex trabajadores que demandaron a cada uno de esos seis ayuntamientos.
Durante el 2013 Al Ayuntamiento de Umán que debe más de cinco millones de pesos se le aseguraron un millón de pesos mientras que Peto que debe más de dos millones de pesos se le aseguraron más de 400 mil pesos.
A Temax le aseguraron más de 200 mil pesos, a Hoctún más de 150 mil pesos, y van por el mismo camino Xocchel, Kanasín, Acanceh, Tecoh, Tizimín.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la deuda total de Yucatán sumó dos mil 412.4 millones de pesos al primer trimestre de 2013.
Con ese nivel de deuda, cada yucateco debe mil 233 pesos, si una familia es de cinco integrantes, la deuda por familia sería de 6 mil 168 pesos.
Durante el 2014 Los municipios con más deuda son: Valladolid con 39 millones, Progreso con 38 millones, Mérida con 35 millones, Motul con 9 millones, Homun con 7 millones, Yaxkaba con 4 millones, Temax con 4 millones, Tixkokob con 3.6 millones, Halacho con 3.2 millones y Telchac pueblo con 2.4 millones.
Si bien es cierto, la sanción económica que deviene de la acción judicial por la que se requiere el pago, como consecuencia de un procedimiento condenatorio, obliga a una entidad local a su cumplimiento; también lo es que dicha condena podría ser contraria a los principios de interés general, para los casos en los que no se cuenta con suficiencia financiera y se afectan los presupuestos de egresos, cuya finalidad o destino no fue considerado para tal objeto.
Como izquierda responsable y moderna no podemos dejar de velar por los intereses de la ciudadanía pero tampoco podemos dejar de velar por los intereses de los trabajadores por eso proponemos la mediación de los laudos laborales a través de un esquema de pagos para que los municipios se comprometan a pagar de manera que no afecte las arcas municipales y así se pueda seguir invirtiendo en beneficio de los municipios.
Es decir, el municipio deudor podrá presentar un programa de pago que le permita para cumplir con la resolución judicial a que haya lugar, optando en su caso por ejercicios presupuestales subsecuentes, para la satisfacción de la deuda, sin excederse de su período de gestión.
Pero esta medida para nada dañaría la economía de los trabajadores ni sus derechos laborales ya que en el partido de la revolución democrática siempre estaremos apoyando y defendiendo a las causas laborales. Y con esta medida se buscaría la mediación de este problema en beneficio de las 2 partes.
Es imprescindible hacer notar que la presente disposición evitará la ejecución de embargos a cuentas bancarias de los ayuntamientos, que afectan severamente, no sólo a la administración en turno, sino a los ciudadanos que requieren la atención, como se ha reiterado, de asuntos prioritarios de interés general.
Es por eso compañeros y compañeras diputadas, les pido su voto a favor de esta iniciativa ya que es menester señalar que la propuesta es a todas luces benéfica, ya que como se ha explicado, la actividad financiera de una entidad pública es un instrumento que le inyecta beneficios a la sociedad y debe estar debidamente planeada y ejecutada, siempre en beneficio de la sociedad.
