Este día, en el marco del lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el delegado estatal Lic. Luis Borjas Romero dijo que se estableció que cada año, se designaría un mes para un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia de la estrategia prioritaria del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Asimismo, señaló, donde también se busca dar visibilidad a este gran esfuerzo de la sociedad y del gobierno para combatir el hambre en el país.
El funcionario federal expuso que durante el mes de junio, en Yucatán, se realizarán diversas actividades en el Mes de la Cruzada como es la inauguración del mercado del municipio de Tahdziú, la entrega de certificados del Programa Empleo Temporal a las comisarias de Mérida, la Feria de Servicios Federales, la sesión del Comité Intersecretarial Estatal de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se suscribirá el Convenio SEDESOL-LICONSA para apoyar con leche a las madres trabajadoras, responsables e infantes que acuden a las estancias infantiles de Sedesol, se instalaran módulos de atención e inscripción al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, se inaugurará el comedor escolar en la primaria “Escuadrón 201”, se llevara a cabo entrega de apoyos, inscripciones y pruebas de supervivencia del Programa Pensión para Adultos Mayores, se suscribirá el convenio SEDESOL-INDESOL-Gobierno del Estado para la emisión de una convocatoria específica para el Yucatán; y concluirá el mes con la Carrera y Caminata Familiar de 5 kilómetros Conmemorativa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Borjas Romero señaló que para el ejercicio fiscal 2014 se prevé aplicar recursos por un monto total de 1,207 millones 151 mil 722 pesos, 192% de incremento con respecto al año 2013, para atender un total de 183 mil 735 personas en pobreza extrema. “Juntos estamos creando sinergias para enfrentar el problema de la pobreza extrema. Juntos estamos atendiendo las causas que las originan y no solo sus efectos, esto por sí mismo, explica los grandes cambios estructurales que se están impulsando desde el Gobierno de la República.”
De igual manera, el delegado federal dio cuenta de los resultados de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el 2013, que significó una inversión de 413 millones 432 mil 990 pesos en los municipios prioritarios en Yucatán, Mérida y Tahdziú. Se contó con la participación coordinada de 20 instancias: 12 dependencias federales, 6 dependencias estatales y 2 ayuntamientos; y se ejecutaron 206,548 obras en 97 localidades con 55 programas sociales. Con estos recursos, además de incluir la construcción de obras de infraestructura, ha permitido que 13,336 personas (43% estimado) ya no padezcan el flagelo del hambre.
En la conferencia, se contó con la participación de integrantes del Sector Social Federal: Raúl G. Cantón Castillo, Gerente Regional de Diconsa, Jose Luis Novelo Ayuso, Coordinador Estatal del Programa Oportunidades, Minelia Canto Lara, Delegada Federal de INAPAM, Antonio Homá Serrano, Gerente del Programa de Abasto Social Liconsa, así como Carlos Salomón Barbosa, Delegado del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. Pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre. Reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos. Impulsa un proceso participativo del más amplio alcance dirigido a conjuntar esfuerzos, energías y recursos de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas y los ciudadanos en general. Pone en el centro la autogestión y el capital social de la propia comunidad, y parte del empoderamiento de las personas para que puedan constituirse en protagonistas de su propio desarrollo. Busca que la población más vulnerable pueda acceder a un piso básico de derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
