México es un país que reclama cambios de fondo en el sistema democrático que rige la Nación. El pasado 8 de agosto del año en curso, el Presidente de la República signó el decreto de reforma a la Constitución Política otorgándole a los ciudadanos una mayor injerencia en la vida política del país, cuestión que vale la pena analizar.
Dentro de la reforma, resalta la figura de las candidaturas independientes que se traduce a una mayor competencia, electoralmente hablando, lamentablemente no regula el acceso a las prerrogativas económicas y a los medios de comunicación para estos candidatos. También se acaba el poder de los partidos políticos de ejercer la postulación a cargos públicos. Es importante hacer hincapié que ambas reformas se pondrán en marcha en las próximas elecciones intermedias de 2015.
No menos es importante es la figura de la consulta popular, que será utilizada en temas que tengan un relevante impacto nacional, que deberá contener la firma de cuando menos el 2% de la lista nominal de electores y para que alcance una obligatoriedad para los poderes públicos se pide que haya una participación del 40% de la citada lista de electores. Estas consultas, previamente las analizará la Suprema Corte de Justicia a fin de que no se contradiga lo dispuesto en la Constitución y el trabajo de logística será enmienda del IFE. No nos queda más que confiar en las autoridades encargadas del manejo de este adelanto democrático en nuestro país pues pueden caer en actuaciones frívolas y no llegar a ese consenso ciudadano que se busca
El tema más importante abordado en esta reforma política es la iniciativa legislativa popular, que promueve la participación política de los ciudadanos haciéndolos proactivos en la toma de decisiones, lo que siempre fortalecerá un sistema democrático y tendrá lugar cuando se reúnan las firmas del 0.25% del listado nominal de electores y tendrán un trámite procesal legislativo preferente, mismo trato que se le dará a las reformas que provengan del Ejecutivo, el cual podrá enviar un par de iniciativas al inicio de cada período de sesiones que deberán ser dictaminadas en un plazo no mayor a 30 días naturales, de no realizarse pasarán al Pleno de la Cámara (Diputados o Senadores) que conoció de inicio la iniciativa. Esto con el fin la famosa “congeladora”, (figura que en Yucatán ya no existe) y la espera de que algún legislador de buena fe retome el asunto.
De singular importancia es que la reforma prevé que el acto de toma de protesta del presidente electo se pueda llevar a cabo tanto en el Palacio Legislativo de San Lázaro como en la Suprema Corte de la Nación, lo que le brinda una seguridad a la persona del titular del Ejecutivo y se evitan zafarranchos como los protagonizados en el 2006 por grupos de izquierda.
Quedó pendiente aprobar la reelección de regidores y legisladores, con lo que el pueblo puede utilizar, ya sea el castigo del voto o bien la continuidad de un proyecto palpable y beneficioso, socialmente hablando.
El planteamiento está hecho. Las leyes son perfectibles con el paso del tiempo y con el uso de las mismas. La principal reforma está en el pensamiento del ciudadano mexicano, un cambio de mentalidad para involucrarse en los acontecimientos políticos. Si bien las elecciones son un pretexto positivo para internarse en la vida política de un país, estado, o municipio, hay mucho más allá del tema electoral y que incluso puede traer más beneficios a una sociedad hambrienta de los mismos. La participación ciudadana es imprescindible para una democracia sana, con valores y propuestas, sin embargo se necesita el valor para asumir esa responsabilidad y no dejar en manos de otros lo que podemos cambiar. La respuesta somos nosotros.
Lic. Rafael Rodríguez Méndez
Candidato a Maestro en Derecho Constitucional y Docente
Emal. rrodriguezm23@gmail.com
Twitter: @rafarodmen
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